Presidente exige transparencia en contratación pública

Durante el Consejo de Ministros del 24 de junio, el presidente Gustavo Petro lanzó una acusación directa: la licitación para la expedición de pasaportes, adelantada por la Cancillería, era “fraudulenta”. En consecuencia, aseguró que no permitirá que Thomas Greg & Sons continúe con el contrato, ni siquiera bajo la figura de urgencia manifiesta.

La empresa ha manejado este negocio por más de 17 años, y su continuidad estaba siendo considerada por la Cancillería ante la falta de un nuevo esquema operativo. Sin embargo, Petro fue tajante: “No va a seguir con Thomas Greg”.

La declaración presidencial contrasta con la postura de la canciller Laura Sarabia, quien había anunciado una prórroga de 11 meses con Thomas Greg & Sons para evitar la interrupción del servicio. La ausencia de Sarabia en el Consejo de Ministros alimentó rumores de tensiones dentro del gabinete.

Petro también arremetió contra su primer canciller, Álvaro Leyva, a quien responsabilizó por no frenar a tiempo la licitación y terminar “en un lío con la Procuraduría”.

¿Y ahora quién imprime los pasaportes?

El Gobierno firmó un memorando de entendimiento con la Casa de la Moneda de Portugal, que asesorará a la Imprenta Nacional de Colombia para asumir la producción de pasaportes. Sin embargo, expertos advierten que no hay garantías técnicas ni financieras para que esta transición ocurra sin traumatismos.

El contrato de pasaportes es uno de los más sensibles del Estado colombiano, con un valor estimado de 600.000 millones de pesos. La licitación fue declarada desierta en 2023 por presuntas irregularidades que favorecían a Thomas Greg, lo que desató una cadena de decisiones que hoy tienen al país en vilo.

La decisión de Petro marca un nuevo pulso institucional y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar servicios esenciales sin depender de operadores privados. Mientras tanto, la ciudadanía espera certezas: ¿habrá pasaportes disponibles? ¿Se garantizará la seguridad de los datos? ¿Quién asumirá el control de este proceso estratégico?

El reloj corre, y con él, la necesidad de una solución técnica, legal y política que no solo resuelva el impasse, sino que refuerce la confianza en la contratación pública. Porque cuando se trata de la identidad de un país, no hay margen para errores.