Pastor cristiano es enviado a prisión por abusar de una niña en Ginebra, Valle. Engañó a la menor con un supuesto “ayuno espiritual”

El municipio de Ginebra, en el centro del Valle del Cauca, enfrenta una profunda conmoción tras conocerse la captura y judicialización de un pastor cristiano acusado de abusar sexualmente de una menor de edad. El hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2024 en la vereda Costa Rica, una zona rural del municipio, y fue revelado por la Fiscalía Seccional de Buga tras recopilar pruebas que permitieron imputar el delito de acto sexual violento agravado.

Según el informe oficial, el pastor habría ganado la confianza de la familia de la víctima bajo el pretexto de brindar orientación espiritual. Aprovechando esa cercanía, llevó a la niña a su vivienda con el argumento de preparar un “ayuno espiritual”. Fue allí donde, presuntamente, cometió los actos abusivos.

El presunto agresor fue capturado el pasado 26 de junio por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de la Policía de Vigilancia, mientras se encontraba en una vía pública del casco urbano de Ginebra. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos, pero el juez ordenó su reclusión en un centro carcelario como medida de aseguramiento preventiva.

La Fiscalía destacó que el caso fue priorizado por tratarse de una víctima menor de edad y por el uso de una figura de autoridad religiosa para facilitar el delito. El ente acusador también reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y la persecución de cualquier forma de violencia sexual.

El caso ha generado una ola de indignación en la comunidad local y en redes sociales. Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han exigido mayor vigilancia sobre líderes religiosos, así como la implementación de protocolos de prevención y denuncia en entornos comunitarios y eclesiásticos.

“Este no es un hecho aislado. Muchos abusadores se escudan en la fe para acercarse a sus víctimas. Es urgente que las iglesias establezcan mecanismos de control y formación ética para sus líderes”, señaló una vocera de la Red de Mujeres del Valle.

Expertos en psicología infantil y criminología advierten que los entornos religiosos, escolares o familiares —donde existe una relación de confianza y autoridad— son especialmente vulnerables a este tipo de delitos. En muchos casos, las víctimas no denuncian por miedo, culpa o presión social.

“Cuando el agresor es una figura respetada, la víctima suele sentirse desprotegida. Por eso es fundamental crear canales seguros de denuncia y acompañamiento psicológico”, explicó la psicóloga forense Lina Marcela Ríos.

El delito de acto sexual violento agravado, según el Código Penal colombiano, puede acarrear penas de entre 12 y 20 años de prisión, dependiendo de los agravantes. En este caso, el hecho de que la víctima sea menor de edad y que el agresor haya utilizado su rol religioso para cometer el delito podría aumentar la condena.

Además, la Ley 1146 de 2007 establece medidas especiales de protección para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, incluyendo atención médica, psicológica y jurídica gratuita.

Este caso reabre el debate sobre la necesidad de protocolos de prevención en instituciones religiosas, así como la urgencia de fortalecer la educación sexual integral en escuelas y comunidades. También pone en evidencia la importancia de escuchar a los niños, creerles y actuar con celeridad ante cualquier señal de abuso.

La justicia ha dado un primer paso con la captura del presunto agresor. Ahora, la sociedad debe asumir su responsabilidad colectiva para garantizar que ningún niño o niña vuelva a ser víctima de quienes deberían protegerlos.