El 29 de junio de 2025, el diario El País de España reveló una serie de audios y testimonios que comprometen al excanciller colombiano Álvaro Leyva Durán en un presunto intento de desestabilización del gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la investigación, Leyva habría viajado a Estados Unidos en abril para reunirse con asesores cercanos al expresidente Donald Trump, con el objetivo de promover una “presión internacional” que facilitara la salida anticipada del mandatario colombiano.
En los audios, Leyva afirma tener “todas las herramientas para ejecutar un plan” y asegura que, tras la caída de Petro, su lugar sería ocupado por la vicepresidenta Francia Márquez. También menciona la necesidad de un “gran acuerdo nacional” que incluya a actores armados como el ELN y el Clan del Golfo, así como a gremios económicos y figuras políticas como Vicky Dávila y Miguel Uribe Turbay.
Las grabaciones, en poder del servicio secreto colombiano, muestran a Leyva hablando de Petro como un “hombre errático con problemas de drogadicción” y asegurando tener pruebas que lo inhabilitan para ejercer el cargo. En una de las frases más contundentes, se le escucha decir: “Ese tipo presidiendo las elecciones de 2026... el orden público se desbordó. Eso no puede suceder”.
Leyva también habría intentado reunirse con los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Antonio Giménez, buscando respaldo político en Washington.
Tras ser mencionada como la eventual sucesora de Petro en el supuesto plan, la vicepresidenta Francia Márquez emitió un comunicado categórico: “No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme”.
Márquez negó cualquier vínculo con Leyva y reafirmó su respeto por el orden constitucional y la figura del presidente como símbolo de unidad nacional. Su respuesta buscó disipar las dudas sembradas por los audios, en los que Leyva sugiere que ella estaba “jugada” con el plan.
Desde España, donde participaba en una cumbre internacional, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza: “Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva. Esto ha sido un acto de venganza bárbaro y canalla”.
Petro recordó que fue él quien nombró a Leyva como canciller “sin cálculo político”, creyendo en su compromiso con la paz. También acusó al exfuncionario de querer heredar cargos diplomáticos a su hijo y de actuar con doble moral: “La traición, el asesinato, la mentira, son sus normas”.
La revelación provocó una ola de reacciones en todos los sectores:
El escándalo, bautizado en redes como #LeyvaGate, podría convertirse en uno de los mayores terremotos políticos del gobierno Petro. Aunque la Casa Blanca no habría tomado en serio la propuesta, el hecho de que un excanciller haya buscado apoyo extranjero para desestabilizar al presidente plantea interrogantes sobre la estabilidad institucional y los límites del disenso político.
La Fiscalía, el Congreso y la Corte Suprema podrían verse obligados a intervenir. Mientras tanto, el país asiste a un episodio que, de confirmarse, marcaría un antes y un después en la historia democrática reciente.