La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán por presunta omisión en el nombramiento del alcalde local de Usme. Según la denuncia, la Junta Administradora Local envió la terna de candidatos el 1 de noviembre de 2024, pero el nombramiento no se oficializó en el plazo legal de ocho días.
Aunque en abril de 2025 se anunció públicamente la elección de Leidy Marcela Pinilla, su posesión no se ha formalizado, y el cargo sigue en manos de un funcionario encargado. Galán respondió que actuó conforme a la ley y que entregará toda la documentación requerida por los entes de control.
En paralelo, la Fiscalía reveló que en el celular del adolescente acusado de disparar contra el senador Miguel Uribe Turbay se encontraron 30 imágenes del alcalde Galán y una de la fiscal general Luz Adriana Camargo. Las fotos estaban almacenadas en la memoria caché del dispositivo, lo que sugiere que podrían haber sido descargadas automáticamente por una aplicación de noticias.
Galán fue informado directamente por la Fiscalía y declaró: “Espero que la investigación avance. Mi esquema de seguridad está bien y seguimos trabajando por la ciudad”. Aunque no se ha confirmado si era un objetivo del atacante, el hallazgo ha encendido las alarmas en los círculos de seguridad y política.
Ambos episodios —la investigación disciplinaria y el hallazgo de imágenes— colocan al alcalde en una posición delicada. Mientras enfrenta cuestionamientos por su gestión administrativa, también se ve involucrado tangencialmente en una investigación penal de alto perfil. La ciudadanía observa con atención, y el debate sobre la transparencia, la seguridad y la eficacia institucional vuelve a tomar fuerza en la capital.
Bogotá, una ciudad que exige respuestas claras y liderazgos firmes, se encuentra en un momento de tensión institucional. ¿Podrá Galán sortear la tormenta y mantener el rumbo? El reloj político y judicial ya está corriendo.