La renuncia de Laura Sarabia al Ministerio de Relaciones Exteriores no fue un simple relevo administrativo. Fue la chispa que encendió una crisis institucional en el corazón del gobierno Petro. En una entrevista con la revista Cambio, Sarabia reveló que el nuevo jefe de gabinete, Alfredo Saade, habría ordenado demorar la asignación de citas para pasaportes con el fin de “hacer rendir el stock” de libretas disponibles.
Según Sarabia, Saade se autoproclamó “líder y vocero” del proceso de transición hacia la producción estatal de pasaportes, desconociendo la autoridad de la Cancillería. “Mi equipo me informó que, mientras yo estaba en una misión oficial, Saade les dio instrucciones contrarias a las mías. Les ordenó demorar las citas para que el stock alcanzara más tiempo”, denunció.
El contrato actual con Thomas Greg & Sons, empresa que ha manejado la impresión de pasaportes por más de 17 años, finaliza el 31 de agosto. El gobierno Petro ha insistido en que la producción debe pasar a manos de la Imprenta Nacional, con asesoría de la Casa de la Moneda de Portugal. Pero Sarabia advierte que la transición no está lista y que el país podría quedarse sin pasaportes en septiembre.
“No estoy dispuesta a sostener la mentira de que la Imprenta va a estar lista en dos meses para imprimir 8.000 pasaportes diarios. Eso no va a ocurrir”, afirmó la excanciller.
Este lunes 7 de julio, el presidente Gustavo Petro se reunió con Sarabia en la Casa de Nariño para discutir la crisis. Aunque su renuncia aún no ha sido formalizada, la canciller sigue en funciones mientras se define su reemplazo. La reunión también abordó las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, agravadas por recientes declaraciones cruzadas y la carta que Petro envió a Donald Trump buscando desescalar el conflicto verbal. El futuro de la política exterior y la continuidad del servicio de pasaportes dependen de las decisiones que se tomen en este encuentro.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección administrativa en la Cancillería como parte de una vigilancia preventiva solicitada por la propia Sarabia desde marzo. La visita busca revisar la trazabilidad del proceso de contratación, los documentos técnicos y las decisiones tomadas en los últimos seis meses. “Brindaremos toda la colaboración requerida y atenderemos debidamente todos los requerimientos”, aseguró Sarabia en su cuenta oficial.
El caso de los pasaportes ha dejado al descubierto una fractura interna en el alto gobierno. Mientras Sarabia defendía una transición gradual con respaldo técnico, Saade —respaldado por Petro— impulsó una salida inmediata de Thomas Greg, sin que existan garantías operativas claras. El presidente, por su parte, ha acusado a la empresa de haber ganado contratos “con trampa” y de concentrar peligrosamente los datos de los colombianos. También ha insinuado que figuras cercanas al exministro Álvaro Leyva estarían involucradas en intereses ocultos detrás del contrato.
Con menos de dos meses para el vencimiento del contrato actual, el país enfrenta una tormenta perfecta: falta de infraestructura, pugnas internas, tensiones diplomáticas y una ciudadanía que podría quedarse sin pasaportes. La Procuraduría, el Congreso y la opinión pública observan con atención. La pregunta ya no es solo quién imprimirá los pasaportes, sino quién responde si el país se queda sin ellos.